Viernes 21 Septiembre 2018

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ELOROElías Rodríguez ha iniciado esta petición dirigida a Presidenta de la Junta de Andalucía y Consejera de Salud

Fuente: change.org

PETIELOROEl complemento de exclusividad supone una de las falsedades más significativas y persistentes en el tiempo con que las distintas Administraciones han engañado a los facultativos durante más de veinticinco (25) años.

La Ley 53/84, de Incompatibilidades, nació destinada sólo a los funcionarios, (no a los estatutarios), pero la Administración aprovechó la oportunidad y la aplicó, de forma capciosa, interesada y falsa, a los estatutarios, perjudicándoos notoriamente. En principio, la incompatibilidad planteada en la Ley 53/84 sólo debía haber afectado al profesional cuando hubiera simultaneidad de dos puestos públicos, cuando se menoscabará el estricto cumplimiento de los deberes o comprometiera la imparcialidad o independencia de los profesionales; es más, la propia Ley autorizaba la compatibilidad entre dos puestos públicos, siempre que no supusiera modificación de jornada y horario. Sin embargo, se aplicó sin límite alguno y con connotaciones de exclusividad, a pesar de que dicho término no aparece en ningún texto oficial inicial.

La propia Ley ordenaba que la ejecución y el desarrollo de la misma se hicieran siguiendo una lógica coordinación y uniformidad de criterios, cuando la regla supuso todo lo contrario, la más absoluta discrecionalidad y disparidad en cada servicio de salud. Hasta el punto llegó el disparate que, Andalucía, por ejemplo, adoptó la Ley a la norma autonómica.

En Andalucía, cómo no, se transformó el complemento específico en complemento de dedicación exclusiva.

La Ley 31/91, en su artículo 34, autoriza a compatibilizar la actividad privada y pública, así como a percibir un complemento específico, siempre que no supere el 30% de las retribuciones básicas. Sin embargo, esta Ley fue escasamente conocida por aparecer incluida dentro de una prórroga de los presupuestos, además de haber sido voluntariamente silenciada, ocultada u omitida por la mayoría de los servicios de salud. Todo ello ha conducido a que muchos profesionales no pudieran compatibilizar la actividad pública y privada y, además, a que no se le abonara la cuantía correspondiente al 30% de sus retribuciones básicas. Pero, lo más grave es que esta Ley exigía que se modificara el apartado cuarto del artículo 16 de la Ley 53/84 y así se hizo, aunque se conculcó la normativa que hubiera cambiado sustancialmente el régimen de compatibilidades.

En franca contradicción, normativa y mental, la Dirección General del SAS solicitó, de forma reiterada y contumaz, que la exclusividad supusiera un dogma indiscutible e imprescindible para determinados cargos jerárquicos, aunque limitados a determinadas situaciones particulares con nombres y apellidos, en un ejercicio de sectarismo y autarquía inadmisible.

La aprobación del Estatuto Marco, como norma básica, supone una constatación más de que la Ley 53/84 no estaba destinada a los estatutarios sanitarios al introducir la exigencia, a los servicios de salud, para que adopten las medidas necesarias para que los licenciados sanitarios puedan renunciar a la exclusividad; algo que se sigue conculcando en Andalucía. Idéntica consecuencia se extrae del Estatuto Básico del Empleado Público.

No contenta con su sarta de vulneraciones legales y normativas, Andalucía publica el Decreto 524/2008, en el cual, bajo la mistificadora intención de regular las competencias y el procedimiento de incompatibilidades del personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía y del Sector Público andaluz en el que se reconoce (por fin) que existen dos situaciones: la Incompatibilidad y la Exclusividad.

En suma, desde el año 1984 nos han estado engañando con una incompatibilidad que no era para los estatutarios; con la transformación de ésta, permisiva en muchos casos, en una exclusividad que impide cualquier simultaneidad de actividades; con la ocultación intencionada de una ley que no sólo autorizaba la actividad pública y privada sino que permitía el abono de un porcentaje del complemento específico; con una legislación normativa contraria a las leyes de referencia y que profundizaban la discriminación; con una vulneración de leyes y normas, como el E-M y EBEP, que autorizan la compatibilidad y la renuncia; con una promulgación de normas específicamente andaluzas que conculcan las normas básicas de aplicación para los estatutarios y con una procacidad final, como el último Decreto citado, por el que a los políticos, gestores y cargos directivos se les permite la compatibilidad mientras que a los estatutarios se les deniega, transformándola en una exclusividad excluyente.

A todo ello, hay que añadirle que Andalucía es uno de los escasos servicios de salud que sigue manteniendo una exclusividad absolutamente excluyente (solo dos autonomías, Asturias y Andalucía), como concepto y como retribución, por lo que los profesionales andaluces estamos profundamente discriminados, en esto también, en relación a otros que ejercen su actividad en otras autonomías.

Actualmente nos encontramos con que en el SAS dicen que faltan médicos, pero no se preguntan si ellos tienen la culpa y si además con este complemento y la disparidad de sueldos (a pesar de ser los más bajos de España) están influyendo de manera alarmante en la fuga de médicos.

Desde el SAS se argumenta que en los médicos sin exclusividad se evita la fuga de pacientes del SAS a las privadas, nada más obvio, para eso está la compatibilidad.

Además, desde la Junta de Andalucía tienen su Slogan particular: "Igual horario igual salario, las mujeres igual que los hombres", pregonar con ejemplos es lo más objetivo. Al final nos quitan11760 euros menos todos los años por hacer lo mismo.

Vender mentiras.

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